Inmigrantes critican medidas de seguridad por temor a la xenofobia.

La Coordinadora Nacional de Inmigrantes, pidió a las autoridades "no generar medidas populistas que instrumentalizan y criminalizan a la población migrante

381
En el estudio, realizado a través de las mismas autodenuncias que interponen los migrantes para iniciar los trámites de legalización, se determinó que 154.696 personas han entrado entre 2021 y 2023

Santiago, 11 abr (Sputink).- Fue como un tsunami. El Gobierno de Chile, el Congreso Nacional, Carabineros (policía militarizada) y la Fiscalía anunciaron medidas urgentes para frenar la delincuencia, tras el asesinato del cabo de la policía Daniel Palma.

Palma recibió dos disparos en la cabeza la semana pasada, cuando se disponía a fiscalizar un auto. El crimen conmocionó al país, pues era el tercer asesinato de un policía en menos de un mes y Carabineros volcó todos sus recursos a nivel nacional para detener a los involucrados. Dos sospechosos fueron aprehendidos, Luis Lugo y Ovimarlixion Garcés, ambos de nacionalidad venezolana.

En el marco de la investigación, la Fiscalía tomó dos determinaciones que causaron polémica. La primera: publicó en todas sus redes sociales las fotografías de los sospechosos, adjuntando mensajes donde le pedían a la ciudadanía su colaboración para dar con los sujetos. En la práctica, la medida tuvo éxito, ya que los vecinos de los imputados entregaron datos claves a la policía para su detención, pero también abrió un debate.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, advirtió en entrevista con la local radio Universo que pedir apoyo ciudadano de manera tan explícita, difundiendo imágenes de sospechosos, podía dar pie a posibles situaciones de xenofobia. “Hay que tener mucha cautela con esto, sobre todo en casos donde aún no hay una sentencia y los procesos investigativos no están concluidos”, afirmó.

“Hay riesgos de que se generalice el comportamiento de personas de una nacionalidad con este tipo de hechos delictuales y que surjan casos de xenofobia. En Chile tenemos cientos de miles de venezolanos y venezolanas viviendo, la enorme mayoría de ellos integrados en la sociedad y trabajando y ellos no pueden pagar los platos rotos. Hay que evitar siempre esas estigmatizaciones“, añadió Tohá.

Pero la segunda medida de la Fiscalía, anunciada por el fiscal nacional Ángel Valencia -cercano a la derecha- fue la que realmente enturbió las aguas del debate y donde muchos acusan que, de aplicarse, se podría institucionalizar el racismo y la xenofobia a nivel estatal.

PRISIÓN PARA INDOCUMENTADOS

Cuando se conoció que los sospechosos eran venezolanos, Valencia se comunicó con los jefes regionales de las fiscalías del país. Posteriormente, contó que llegaron a un acuerdo: desde el jueves 6 de abril, cada vez que un extranjero sea detenido y no cuente con su cédula nacional de identidad, la Fiscalía solicitará a la Justicia que aplique la medida cautelar de prisión preventiva.

La razón de aquello, según Valencia, es que las investigaciones muchas veces no son fructíferas debido a lo difícil que es identificar a un migrante sin documentos. Por eso, la idea es mantener a los imputados en celdas hasta que sea posible establecer fehacientemente su identidad.

Sin embargo, esta iniciativa juntó varios críticos, entre ellos, los mismos tribunales. En la ciudad de Curacaví (centro), fue detenido recientemente un ciudadano boliviano que manejaba un vehículo sin licencia y además no portaba su identificación. La Fiscalía decidió aplicar esta nueva medida y pidió al juez que lo encerrara en prisión preventiva. El tribunal rechazó la solicitud y el juez señaló que la petición era “desproporcionada”, según consignó el medio La Tercera.

Las organizaciones defensoras de los derechos de extranjeros se volcaron a criticar la medida, como la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, que pidió a las autoridades “no generar medidas populistas que instrumentalizan y criminalizan a la población migrante”. También manifestaron sus reparos la Corporación Colectivo sin Fronteras, el Comité de Peruanos Refugiados, la Red de Periodistas Migrantes, la Agrupación de Mujeres Colombianas, y la organización Mamitas Migrantes de Valparaíso, entre otras.

La posible xenofobia no es el único “pero” que despertó la medida. En Chile hay alrededor de 47.000 presos y sólo 83 cárceles con unos 42.000 cupos de capacidad. “Tenemos una ocupación de 110 por ciento”, comentó en entrevista con el medio Pauta el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, advirtiendo los enormes problemas que podría generarle a Gendarmería la posible ola de prisiones preventivas, además del evidente hacinamiento.

Toda esta discusión se sumó al maremoto de medidas anunciadas en los últimos días en medio de la crisis de seguridad en el país. El Gobierno anunció una inversión extra de 1.500 millones de dólares para modernizar a Carabineros y entregarles más herramientas para combatir la delincuencia en las calles y el Congreso Nacional aprobó la Ley Naín-Retamal, que le otorga más facultades a los policías para actuar, entre ellas, una polémica norma de legítima defensa privilegiada que crea una presunción legal: si un Carabinero da muerte o hiere a una persona en el marco de sus funciones, siempre lo hará para defenderse, a menos que se pruebe lo contrario.

La mañana de este martes, el subsecretario Gajardo confirmó que el Ejecutivo está evaluando la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad, en la que sólo habiten líderes de bandas delictivas y personas ligadas al crimen organizado, como una posible solución al combate de este flagelo.

La comunidad venezolana es la población inmigrante que más ha crecido en Chile desde que comenzó la pandemia del covid-19, ya que, con el cierre de las fronteras, muchos de ellos empezaron a buscar nuevas rutas de acceso irregular al país. Así llegaron a Colchane, una ciudad del norte de Chile fronteriza con Bolivia por donde diariamente ingresan unas 400 personas, según la estimación de las autoridades locales.

Las cifras de Fiscalía y del Gobierno advierten que los crímenes violentos en la zona norte del país y la delincuencia de bandas organizadas en la zona central creció de manera importante en los últimos años.

Según el Centro de Estudios y Análisis del Delito, los delitos que más aumentaron fueron los robos con violencia, el robo con sorpresa y el robo en lugar no habitado. También se registraron alzas en los homicidios perpetrados con armas de fuego y el sicariato. (Sputnik)