Bogotá, 25 may (Sputnik).- La directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara-Rosas, calificó el lunes como “alarmante” la decisión del Ejecutivo de Colombia de negar “en este momento” el ingreso al país de delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que evalúen la situación en esa materia en el marco de las protestas sociales que se realizan contra el Gobierno.
“Alarmante postura del Gobierno colombiano. (El presidente) Iván Duque pierde oportunidad de mostrar voluntad política para reconocer las graves violaciones de DDHH que cometen las fuerzas de seguridad bajo su mando. Rechazar la visita de la CIDH es parte de un enfoque negacionista muy peligroso”, dijo Guevara-Rosas en su cuenta de Twitter.
La representante de la organización defensora de derechos humanos se pronunció así luego de que la vicepresidenta colombiana y canciller delegada, Marta Lucía Ramírez, de visita en Washington, señalara que se negó el ingreso a la CIDH y a la Organización de Estados Americanos (OEA) mientras que los organismos de control del país realizan sus labores.
“Tenemos en estos momentos solicitudes de la CIDH, del propio secretario (de la OEA, Luis) Almagro. Les hemos dicho que consideramos que todas las visitas son bienvenidas, pero en este momento consideramos que hay que esperar a que los propios organismos de control acaben de hacer su tarea, investigar cada uno de los casos y organizar en el curso de las próximas semanas las visitas”, dijo Ramírez.
La declaración, difundida a través de redes sociales, se dio luego de que Ramírez se reuniera el lunes con Almagro y con la secretaria ejecutiva de la CIDH, María Claudia Pulido.
El pasado 14 de mayo la CIDH pidió al Gobierno colombiano que permita un ingreso al país de una comisión para evaluar denuncias de abuso policial en el marco de la protesta social, lo cual también es solicitado por el Comité Nacional del Paro (CNP), que lidera las manifestaciones mientras busca entablar negociaciones con el Ejecutivo que permitan poner fin a las movilizaciones.
Colombia cumplió el lunes 27 días de paro nacional que inició el 28 de abril en rechazo a la radicación en el Congreso de una polémica reforma fiscal impulsada por el Gobierno, que ante la presión de las movilizaciones debió retirarla el domingo 2 de mayo.
Sin embargo, las manifestaciones han seguido y el miércoles 19 de mayo la presión social logró que los congresistas de las comisiones séptimas conjuntas de Senado y Cámara aprobaran archivar el polémico proyecto con el cual se planteaba una reforma al sistema de salud.
Al menos 50 personas han muerto durante las protestas, la mayoría a manos de efectivos de la Fuerza Pública, y casi 600 fueron heridas, de las cuales al menos 37 sufrieron lesiones oculares por disparos efectuados por la policía, según denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos.
Además, se detuvo de manera arbitraria al menos a 1.430 personas y se cometió violencia sexual contra 21 mujeres.
Ante tales abusos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la OEA, la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos, entre otros, han denunciado ante la comunidad internacional un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía de Colombia. (Sputnik)
