Congreso aprobó ley anti-saqueos que aumenta penas a delitos cometidos en protestas

El proyecto fue criticado en redes sociales por la ciudadanía y por el ala más progresista de la oposición, quienes acusan que con estas penas se está criminalizando a los manifestantes.

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Santiago, 17 ene (Sputnik).- El Congreso chileno aprobó el jueves un proyecto de ley que aumenta los castigos para algunos delitos cometidos durante las manifestaciones, como robo u obstrucción a la libre circulación, entre otros, quedando lista para ser promulgada por el presidente Piñera.

“Cámara despacha a ley proyecto que tipifica las acciones que atenten contra la libertad de circulación de las personas en la vía pública a través de medios violentos e intimidatorios y fija las penas aplicables al saqueo”, informó la Cámara de Diputados a través de su cuenta de Twitter.

El lunes 13 de enero los senadores chilenos aprobaron con 17 votos a favor la iniciativa, y este jueves concluyó el trámite legislativo con su aprobación final en la Cámara de Diputados con 84 votos a favor y 64 en contra, restando solo la promulgación del presidente de la República para comenzar a regir como ley.

Con votos del oficialismo y también de los sectores más conservadores de la oposición, se aprobó castigar con 541 días de cárcel a aquellos manifestantes que pongan barricadas en la vía pública o que impidan la circulación de los vehículos, y hasta con cinco años a aquellos que roben o saqueen un establecimiento comercial amparados en un grupo.

El proyecto fue criticado en redes sociales por la ciudadanía y por el ala más progresista de la oposición, quienes acusan que con estas penas se está criminalizando a los manifestantes.

Incluso, la coalición de partidos de izquierda Frente Amplio anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional para revisar la legitimidad de la iniciativa.

En Chile se arrastra una crisis social desde octubre de 2019, fecha en que comenzó una seguidilla de manifestaciones ciudadanas protestando contra la desigualdad, el profundo sistema económico neoliberal, el precio de los servicios básicos, la Constitución y para rechazar la gestión del presidente Piñera.