Lima, 30 nov (Sputnik).- Un sector del Congreso legislativo de Perú busca remover del cargo al presidente Pedro Castillo e, inexplicablemente, el propio mandatario parece contribuir en el esfuerzo.
El domingo 28 empezó el escándalo. Una investigación del programa periodístico “Cuarto Poder”, de la cadena América Televisión, reveló, con pruebas en video, que el presidente ha sostenido diversas reuniones con empresarios y funcionarios públicos en un inmueble ubicado en el distrito de Breña, en Lima.
Dicho inmueble funcionó como centro de operaciones durante la campaña que finalmente lo llevó a la presidencia en julio de este año, y fue también el lugar en el que, indebidamente, Castillo recibió a personas en los primeros cinco días de su mandato hasta que le advirtieron que debía usar Palacio de Gobierno (sede del Ejecutivo) como despacho.
Sucede que según leyes peruanas, el presidente está obligado a sostener reuniones de trabajo exclusivamente en Palacio de Gobierno y, además y para fines de transparencia, los temas a tratar y las personas con quienes se reúna deben estar consignados en un registro que es de acceso público.
EXPLICACIONES ENREDADAS
La investigación reveló que el presidente no sólo se reunió con varios funcionarios y empresarios en el local de Breña, sino que, según las imágenes, además lo hizo durante el mes de noviembre y de manera aparentemente escondida.
Las reuniones fueron siempre de noche y en varios ocasiones el presidente cambió su típico sombrero de paja (del que nunca se desprende) por una gorra, haciendo sus entradas y salidas del mencionado inmueble a un paso evidentemente apurado.
Entre las personas con las que se reunió el mandatario figura la asesora empresarial Karelim López, representante de un consorcio que recibió, en tiempo inusualmente rápido para la burocracia peruana, la concesión para ejecutar una obra pública por un monto cercano a los 58 millones de dólares.
Frente al escándalo, en la noche del lunes 29, Castillo dio un mensaje al país en el que dijo que “en su domicilio solo recibe visitas de carácter personal”, usando Palacio de Gobierno para reuniones de trabajo y rechazando estar involucrado en “actos irregulares que hayan favorecido algún interés particular”.
El problema con el mensaje de Castillo es que es de conocimiento público que el presidente no vive en el inmueble de Breña sino en una vivienda en el distrito limeño de Chorrillos.
Pedro Castillo no dio explicaciones sobre qué motivos hubo detrás de las reuniones supuestamente personales que tuvo con funcionarios y empresarios, cuando el mandatario, por ley, no puede tener vínculos personales con individuos que buscan contratar con el Estado.
Por otro lado, horas antes del mensaje de Castillo, su ministro de Defensa, Juan Carrasco, dijo en una entrevista radial que las reuniones en Breña eran de trabajo, además de calificarlas como “normales, cotidianas, que se pueden realizar dentro o fuera de un lugar privado”, y que se mantienen en reserva por estar la seguridad nacional de por medio. Una contradicción frente a lo dicho por el jefe de Estado.
DESTITUCIÓN EN MARCHA
La semana pasada, 28 congresistas de las bancadas derechistas de Avanza País, Renovación Popular y Fuerza Popular presentaron un pedido de vacancia (destitución) contra Castillo apelando a la causal constitucional de “incapacidad moral” para ejercer el cargo, pues alegan que el presidente ocupa el cargo “en beneficio propio o de amigos”.
Con las contradicciones y explicaciones poco claras de parte de Castillo, el panorama político en el Congreso ha cambiado repentinamente pues César Acuña, líder de la bancada de Alianza Para el Congreso (APP), indicó en Twitter que su sector “será inflexible en aplicación de la Constitución si se demuestran actos de corrupción en el Gobierno”, un apoyo implícito a la destitución.
Para que el pedido de destitución sea elevado a debate en el pleno se requieren 52 votos (el Congreso es unicameral y de 130 representantes). La votación se realizará la próxima semana y sólo en la bancada de APP hay 15 votos que apoyarían la salida de Castillo. Estos votos, sumados a los 28 que promueven la destitución ya hacen un total de 43, por lo que faltan solamente 9 para que la iniciativa avance.
Esta cifra de un solo dígito ya es sobrepasada por una facción de la bancada oficialista de Perú Libre (izquierda) leal a su líder, Vladimir Cerrón, y que acusa a Castillo de haber traicionado los ideales y objetivos políticos del partido. Esta facción consta de al menos 20 legisladores, por lo que parece inminente que el pedido de destitución se elevará a debate en el pleno.
Ya en el pleno, se necesitarán 87 votos a favor para sacar al presidente, algo que, por los repetidos errores de Castillo y las flacas explicaciones sobre sus actos, pareciera un objetivo factible de ser alcanzado. Mientras, permanece intacto el misterio sobre por qué el presidente pareciera haberse declarado enemigo de sí mismo. (Sputnik)
