Investigación por posible corrupción empaña al Gobierno de Boric

La Fiscalía inició una serie de procedimientos para investigar eventuales delitos de corrupción como malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y fraude al fisco, dando origen al denominado: caso Convenios

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El exseremi de Antofagasta señaló que ha sido utilizado para "encubrir errores e irregularidades de terceros", apuntando al jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, y a su tía Verónica Serrano, a quien responsabiliza por la decisión de firmar el convenio con la fundación Democracia Viva.

Santiago, 3 jul (Sputnik).- La publicación de un pequeño medio regional del norte de Chile la semana pasada abrió una caja de Pandora cuyo contenido hoy no deja respirar tranquilo al Gobierno del presidente Gabriel Boric.

El diario digital Timeline descubrió que una fundación ligada al bloque oficialista Frente Amplio firmó un convenio millonario con el Ejecutivo que rozaba la irregularidad.

La fundación Democracia Viva, vinculada al partido izquierdista Revolución Democrática, de la coalición política que integra el mandatario, suscribió un contrato de 532.000 dólares con la Secretaría Regional del Ministerio de Vivienda (Seremi) de Antofagasta (norte) para, supuestamente, ayudar a la creación de asentamientos precarios en la región.

El caso comenzó a escalar a nivel de escándalo político por dos factores: el cuantioso contrato representó cerca de un 6 por ciento del presupuesto total asignado a la repartición del ministerio en esa región y la identidad de los firmantes.

En el trato participó Carlos Contreras, líder de la Seremi, y Daniel Andrade, representante legal de Democracia Viva. El primero de ellos fue asesor de la diputada por Antofagasta, Catalina Pérez y el segundo, pareja sentimental de Pérez.

Contreras, Andrade y Pérez son militantes de Revolución Democrática, una de las dos tiendas principales que integran el Frente Amplio junto con Convergencia Social, donde milita Boric.

Luego de destaparse el escándalo, la oposición formó una comisión investigadora en el Congreso y los medios comenzaron a indagar. Resultó ser que es más común de lo habitual que algunos organismos estatales usen dinero fiscal para firmar convenios de cuestionable utilidad con fundaciones ligadas a partidos políticos.

En Los Lagos (sur) se descubrió que la Gobernación Regional pagó casi cinco millones de dólares a fundaciones privadas, una de ellas presidida por el mismo gobernador regional, Patricio Vallespín,  ex militante del partido Democracia Cristiana (centro). En El Maule (centro), se está investigando un contrato de más de 136.000 dólares entre el secretario regional del Ministerio de Vivienda, Rodrigo Hernández (militante de Revolución Democrática) y la fundación Urbanismo Social, donde Hernández tenía un cargo como director jurídico.

 

La Fiscalía está investigando en Atacama (norte) un convenio entre el ministerio de Vivienda y la fundación Comprometidos por más de 160.000 dólares. Este contrato causó desconcierto, ya que la fundación en cuestión ejerce dos rubros muy distintos: producción de películas y actividades de clínica veterinarias para mascotas.

Mientras se iban descubriendo más casos, de manera inédita se involucró la Contraloría General de la República y anunció que no aprobaría ningún nuevo contrato entre el Estado y fundaciones. Esta medida es preventiva y temporal, hasta que se revisen todos los convenios y se aclare si existe un modus operandi instaurado para defraudar al fisco.

A su vez, la Fiscalía inició una serie de procedimientos para investigar eventuales delitos de corrupción como malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y fraude al fisco, dando origen al denominado: caso Convenios.

CONSECUENCIAS POLÍTICAS, PENALES Y AMOROSAS

“Yo no pongo las manos al fuego por nadie. Toda irregularidad tiene que salir a la luz y nosotros no debemos tener un doble estándar, titubear ni hacer defensas corporativas de nadie, ya sea porque es cercano a mí u a otra persona”, dijo Boric en conferencia de prensa la primera vez que se le preguntó sobre el caso.

A pesar de las palabras del presidente, desde la oposición y en ciertos sectores del oficialismo le criticaron el hecho de que no removiera a ninguna autoridad tras el escándalo. Entonces llegó la primera salida: Carlos Contreras, líder de la Seremi de Antofagasta, dejó el cargo y se entregó a Fiscalía para la investigación.

Para muchos, esa salida significó cortar el hilo por lo más delgado y pidieron una caída a nivel ministerial. Fue entonces cuando se reveló que, meses atrás, llegó una carta al Ministerio de Vivienda advirtiendo sobre lo irregular que se veía que una fundación ligada al oficialismo estuviera firmando contratos millonarios con el Gobierno.

Esta misiva había sido leída y desestimada por la subsecretaria de la cartera, Tatiana Rojas, de Revolución Democrática, y Boric determinó que ella debía dejar el cargo, pidiéndole la renuncia.

El terremoto golpeó fuerte a Revolución Democrática. Todos los militantes involucrados están siendo cuestionados por el Tribunal Supremo del partido y arriesgan ser expulsados. La Fiscalía allanó el domicilio de la diputada Pérez y de su pareja, además de las oficinas de la fundación Democracia Viva, para incautar computadores y celulares. De comprobarse la culpabilidad de los eventuales responsables, estos podrían ser castigados con penas desde los 541 días hasta 10 años de cárcel.

Trascendió en los medios que la diputada Pérez terminó su relación sentimental con Daniel Andrade y dejó de vivir en la casa que compartían en la comuna de Pedro Aguirre Cerda (zona sur de Santiago).

La parlamentaria afirmó en conferencia de prensa que ella no tiene ninguna responsabilidad en el caso Convenios, y llamó a investigar a los verdaderos involucrados, mencionando explícitamente a su -ahora- expareja. “En mi vida personal, es la situación más dolorosa que me ha tocado vivir”, dijo Pérez en conferencia de prensa, refiriéndose a toda la polémica en general.

“Este puede ser el Caso Caval del Gobierno”, escribió en Twitter el líder del Partido Republicano (ultraderecha), José Antonio Kast, haciendo alusión al escándalo político de supuesto tráfico de influencias en el que se vio involucrado el hijo de la entonces presidenta Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018), Sebastián Dávalos, mientras su madre gobernaba el país. El caso minó severamente la popularidad de la mandataria y generó la mayor crisis política de su segundo mandato.

Hoy están bajo la lupa de la oposición el ministro de Vivienda, Carlos Montes (Partido Socialista, centroizquierda), por liderar la cartera donde hay más contratos millonarios firmados; el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, por ser el fundador y principal líder de Revolución Democrática; y el mismo presidente Boric, cuya consigna para llegar al Gobierno es que su coalición de gente nueva había llegado para renovar la política, con una nueva escala de valores y principios que distaba en probidad de las anteriores generaciones. (Sputnik)