La familia del exmilitar venezolano Ronald Ojeda ha presentado formalmente los detalles de su caso ante la Corte Penal Internacional (CPI), según confirmó el abogado Juan Carlos Manríquez en una conversación con BioBioChile.
Este movimiento tiene como objetivo incluir el caso de secuestro y posterior homicidio, ocurrido en territorio nacional, dentro de la investigación conocida como “Venezuela I”. Esta investigación está centrada en posibles crímenes de guerra, genocidio, delitos de lesa humanidad y/o crimen de agresión por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
Recientemente, la CPI, con sede en La Haya, rechazó un recurso presentado por Maduro para detener el avance de estas investigaciones.
Manríquez reveló que desde 2018 ha estado representando a exmagistrados del Tribunal Supremo de Venezuela que fueron destituidos “por no alinearse con las políticas del gobierno actual”.
En el marco de la investigación “Venezuela I”, la Fiscalía de la CPI está recopilando pruebas para determinar si los hechos pueden constituir alguno de los cuatro delitos contemplados en el Estatuto de Roma: genocidio, crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y/o crimen de agresión.
El abogado señaló que entre los casos considerados está el desplazamiento forzado, el seguimiento y/o desaparición, incluyendo asesinatos, de opositores fuera de Venezuela. Algunos de estos afectados aseguran haber sido víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales en la cárcel de Ramo Verde o en El Helicoide, así como en el extranjero, donde fueron secuestrados y posteriormente asesinados o llevados de regreso a Venezuela.
Si se establece una conexión entre estos hechos y una política sistemática y organizada de ataque y/o desaparición, el caso de Ronald Ojeda podría convertirse en un ejemplo dentro de “Venezuela I” de delitos internacionales.
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