La historia de los Chilenos que podrían terminar en la horca en Malasia

Nuestros compatriotas arriesgan la vida en un sistema donde la predominancia de musulmanes tiene una gran injerencia en la justicia.

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Los chilenos arriesgan la pena capital.

Hace siete meses, una pareja de amigos chilenos se encuentra detenida en Malasia, donde se encontraban de vacaciones, acusados de asesinar a un hombre, crimen por el que podrían ser condenados a la horca y que hoy tiene movilizada a la diplomacia de su país.

La historia comenzó en la madrugada de noviembre en la entrada del hotel donde se alojaban Felipe Osiadacz y Fernando Candia, ambos de no más de 25 años, en Kuala Lumpur.

Salieron de fiesta y al regresar a su hotel, suben al ascensor para ir a su habitación, donde discuten con un hombre que acompañaba a una mujer. En ese momento, uno de los chilenos logra reducir al malayo con una llave de fuerza, sujetándolo con fuerza sobre el suelo. En ese momento, el tipo sufre un paro cardiorrespiratorio que termina con su vida.

Después de eso son detenidos y recluidos en la cárcel de “Sungai Buloh Prison”, el complejo penitenciario más grande del país asiático.

Macarena Candia, prima de Fernando, contó en su facebook que el incidente ocurrió en el mismo día en que ambos jóvenes llegaron a Malasia desde Nueva Zelanda, donde trabajaban.

“Uno de sus amigos fue atacado por un hombre de ese país que se encontraba bajo los efectos de alguna droga. Mi primo y otro amigo defendieron a su compañero y al inmovilizar al atacante le dio un parocardíaco”, posteó.

El senador Francisco Chahuán fue contactado por el padre de Felipe en busca de ayuda, solicitando la intermediación del Estado para evitar su ejecución. El parlamentario contó a La Tercera que según la historia, a los jóvenes “los venía siguiendo una persona al hotel. Logran entrar al ascensor. Y finalmente se produce un forcejeo y mientras piden a la persona de recepción que llame a la policía, lo tienen sostenido y finalmente termina asfixiado”.

El parlamentario aseguró que a la fecha “no se han respetado las garantías procesales. Han estado privados de libertad siete meses en condiciones de precariedad y, además, se va a iniciar un juicio. Por lo menos, de los testimonios en que he recibido del padre, me señalan que existe un video del lugar en el que se habría producido la muerte, y ellos habrían actuado en legítima defensa”.

“Hasta ahora sólo hemos tenido compromisos de buena voluntad, pero los padres sienten que acá no ha habido una adecuada defensa de los chilenos en Malasia”, criticó el parlamentario.

El problema que la legislación malaya prácticamente no hace diferencia entre un cuasidelito de homicidio y un acto con premeditación.

De hecho, es tal el rigor con que aplican la Arabic Law en Malasia, que las autoridades han tipificado incluso el tráfico de droga con pena de muerte. Ejemplo de ello es que lo que le ocurrió al boliviano Víctor Eduardo Parada, de 30 años, tras ser detenido por tráfico de drogas fue condenado a la horca.

Las salidas para los jóvenes parecen escasas.

“La primera posibilidad que siempre se busca agotar en esta materia es la de la cooperación política, diplomática, bilateral y/multilateral para tratar de esclarecer el hecho con total respeto a los procedimientos y a la ley interna del lugar en que ocurrió el hecho, con total deferencia a su jurisdicción y cultura; luego se pasa a tratar de congeniar sistemas legales y posibles soluciones más proporcionadas y humanitarias según el caso concreto, recurriendo a posibles precedentes en un contexto de armonización de sistemas jurídicos”, afirmó a La Tercera el abogado Juan Carlos Manríquez, especialista en derecho penal internacional, y quien conoció el caso antes  que saliera a la luz pública.

“La segunda alternativa surge a raíz de que eventualmente se detecte un riesgo potencial grave respecto de que las bases comunes al Debido Proceso entre un sistema judicial y otro, para confirmar o descartar si podrían estar en riesgo para esos justiciables sus derechos humanos, y en ese caso habría que recurrir a la comunidad internacional y a los órganos jurisdiccionales”, agregó.

Por lo mismo un primer paso para las autoridades diplomáticas de Chile sería acudir vía la Corte Penal Internacional al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (como ha ocurrido en un caso que vinculó a Corea del Sur y Malasia hace poco, a propuesta de la Presidenta de la Corte Penal Internacional) para luego solicitar una especie de amparo internacional. Las posibles sedes internacionales podrían ser varias y habría que agotarlas todas, incluso por medio del Tribunal Penal Internacional.