La liberación de Alberto Fujimori: una estrategia estéril para un hombre enfermo

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NoticieroDigitalcom, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Lima, 18 abr (Sputnik).-​​ El 18 de marzo, el Tribunal Constitucional de Perú (TC) declaró fundado un hábeas corpus por el cual se ordenaba la liberación del encarcelado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

Alberto Fujimori -actualmente hospitalizado- está preso porque en 2009 se le condenó a 25 años de cárcel por ser autor mediato de dos masacres contra civiles inocentes durante su mandato.

El hábeas corpus -acción legal que pide la libertad de un detenido si no se hallan motivos suficientes de arresto- fue presentado por el abogado Gregorio Parco en abril de 2020. Parco es militante del partido fujimorista Fuerza Popular (derecha).

Lo que pedía Parco era que se anulara la anulación del indulto humanitario que otorgó el expresidente Pedro Pablo Kuczunski (2016-2018) en favor de Fujimori en 2017 por su presunto delicado estado de salud debido a su avanzada edad (Fujimori tiene actualmente 83 años).

Este indulto fue anulado por la Corte Suprema luego de que se comprobó que fue producto de una negociación política entre Kuczynski y el hijo menor de Fujimori, el entonces congresista Kenji Fujimori.

Por ese entonces, Kuczynski enfrentaba un pedido de destitución impulsado en el Congreso por la bancada de Fuerza Popular, cuya lideresa, Keiko Fujimori, hija mayor de Alberto, era enemiga política de Kuczynski.

INDULTO ASÍ, NO

La Corte Suprema anuló el indulto pues se comprobó que fue una gracia que dio Kuczynski a cambio del apoyo de algunos congresistas leales a Kenji Fujimori para que voten en contra de su destitución y así seguir en la presidencia.

Para entonces, Kenji se había enemistado con Keiko, al punto que luego de conseguir el indulto para su padre, la lideresa fujimorista expulsó del partido a su hermano y a los otros congresistas aliados por haber logrado la liberación de su padre.

Keiko condenó el indulto dado a su propio padre, alegando que no estaba de acuerdo con “las formas” en que se había logrado. Se cree que Keiko finalmente no estaba de acuerdo con el indulto porque este significó que Kuczynski se salvara de la destitución que su bancada impulsaba.

Cuando el indulto de Kuczynski fue concedido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) advirtió al Estado peruano que debía revisar que haya cumplido con su obligación de juzgar y sancionar a Fujimori. De lo contrario, la gracia corría el riesgo de ser anulada por la instancia internacional.

A pesar de esta advertencia de la Corte IDH, el TC declaró procedente el hábeas corpus este año, anulando la anulación del indulto y ordenando la libertad del exjefe de Estado, ante lo cual los deudos de las víctimas acudieron ante la Corte IDH para impedir que se le excarcele.

El resultado fue el esperable. La Corte ordenó que el Estado peruano se abstenga de liberar a Fujimori por todos los vicios de un fallo de un TC consciente de antemano que desconocía la obligación de sancionar al exmandatario por los crímenes que cometió.

Fujimori tiene una salud endeble, con problemas pulmonares que hacen que salga de la prisión donde está recluido para internarse en una clínica de Lima de tanto en tanto. La última vez que sucedió eso fue el domingo 17 de abril.

El domingo fue trasladado de emergencia al Hospital II Vitarte por la fibrilación auricular que padece, así como “temas de oxígeno”, contó a los medios su abogado, Elio Riera. El exmandatario será llevado a clínica Centenario para ser atendido por médicos expertos.

UNA VÍA ALTERNA

La Corte IDH no ha negado la posibilidad de que Fujimori pueda no ser indultado, pero sí que, si su estado de salud lo justifica, pueda cumplir el resto de su pena en su domicilio, por ejemplo, o que se pueda acoger a un indulto humanitario si esto pasa por reconocer sus crímenes, pedir perdón a sus víctimas y mostrar un sincero arrepentimiento, es decir que su encierro haya tenido efectos reales en su comportamiento.

Sin embargo, nada de esto ha sucedido y tanto la defensa de Fujimori como su familia siguen buscando salidas como la fallida que quiso aplicar el TC; además de insistir en que los deudos están movidos por un afán de odio y no por un sentido de justicia para sus muertos.

Asimismo, como lo indicó Keiko Fujimori tras el fracaso de la liberación de su padre, se quiere culpar al Gobierno de lo que le pueda suceder, obviando que en Perú el Ejecutivo no puede entrometerse en decisiones del Poder Judicial y menos desobedecer a una instancia como la Corte IDH.

Es probable que el acto de reconocer y pedir perdón de parte del expresidente signifique un duro golpe para una fuerza política que aún tiene pretensiones de llegar al poder, pues aún el discurso del fujimorismo se sostiene en los supuestos logros de la administración de Alberto, logros que se podrían desdibujar en el imaginario de sus simpatizantes si ven que el fundador y líder histórico asume sus delitos o se reconoce como culpable.

Quizá la salida al problema de Fujimori sea dejar de tratar su posible liberación humanitaria, pues es cierto que su salud es precaria, como un tema de cálculo político y apostar por una vía que respete el derecho al acceso de justicia de las víctimas y sus deudos.

O también una vía que pase por hacer que los muchos peruanos que se oponen a su liberación sean tratados como ciudadanos que quieren ver el cumplimiento de las leyes y no que se busque validar salidas donde la impunidad es lo que se percibe y no el derechos a la justicia. (Sputnik)