En el filme criollo, el jefe comunal actúa como Poncio Pilatos, mientras que el concejal Wildo Ibarra (UDI) interpreta a Judas Iscariote. El costo de la película es de $40 millones, recursos aprobados por el concejo municipal.
Jaraquemada comentó que se trata de una situación “preocupante”, dado que afecta la credibilidad de instituciones que “son la puerta de entrada que tienen los ciudadanos” –en su relación con el Estado-, “por lo tanto su percepción de cercanía es muy alta”.
El titular de transparencia afirmó que en el caso del Alcalde de San Francisco de Mostazal se podría estar ante “un eventual conflicto de interés”, lo que a juicio del máximo representante del Consejo iría “contra la lógica de que todas las autoridades deben cumplir estrictamente con el principio de probidad, y el principio de probidad a qué nos llama, a abstenernos en aquellas situaciones donde pueda existir ciertas condiciones que nos hagan actuar de manera imparcial”.
El representante del Consejo explicó que en este caso es la Contraloría General de la República la entidad que deberá dilucidar la existencia de un conflicto de interés, pero apuntó a que “cuando estas cuestiones se masifican y se empiezan a generalizar, se va socavando la credibilidad de las instituciones y eso, finalmente, lo que va haciendo es debilitar el comportamiento de las personas frente a la democracia y, obviamente, ese es un tema que nos debiera preocupar a todos”.
Consultado sobre la eventual propaganda electoral que podría constituir la película y su trailer, el Presidente del CPLT subrayó que pese a que “es una situación difícil de determinar” y que “exige una revisión detallada”, destacó que: “hay una institución específica que es la llamada a pronunciarse en este tipo de situaciones que es el Servicio Electoral”.
Agregó que el Servel es que “tendrá que determinar si aquí hubo o podría plantearse que hubo esa intencionalidad propagandística. Y en ese caso podrá aplicar las sanciones que correspondan, que en este caso es el retiro de ese tipo de propaganda y, por otro lado, eventualmente multas”.
Finalmente respecto del impacto que este tipo de situaciones genera en los municipios a nivel nacional Jaraquemada subrayó que: “Los municipios son el peldaño que está faltando para avanzar en una mayor transparencia en Chile”.
