Migración ilegal y control fronterizo, la nueva gran batalla de Boric

El mandatario aplicó en febrero una nueva ley denominada Protección a Infraestructura Crítica, que permite al Ejecutivo desplegar militares en zonas específicas con el fin de resguardar establecimientos vitales para el funcionamiento del país

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FOTO: @elgranvia

Santiago, 21 mar (Sputnik).- El presidente de Chile, Gabriel Boric, endureció el relato con respecto a la migración ilegal y anunció un paquete de medidas para abordar la crisis que afecta al país y en particular, a las ciudades fronterizas en el norte.

El mandatario viajó la semana pasada a Colchane, un pequeño pueblo limítrofe con Bolivia que colapsó durante la pandemia a raíz de una ola de migración irregular que comenzó a entrar por Bolivia, y prometió mano dura.

“Ustedes son quienes han tenido que experimentar durante los últimos años los efectos del ingreso masivo e irregular”, dijo el mandatario a los colchaninos y en esa misma instancia, adquirió un compromiso: “Algunos de ellos vienen con un ánimo de delinquir y quiero ser muy claro en que estas personas no son bienvenidas. Las vamos a perseguir y les vamos a hacer, dentro del estado de derecho, la vida imposible”, agregó.

La postura de Boric con respecto a este tema ha ido evolucionando con el tiempo, como queda en evidencia con uno de sus tuits de su época de diputado en 2018. “¡Qué alegría la llegada de migrantes a Chile. Ojalá sigan llegando y los tratemos con respeto y cariño. Bienvenidos. Y nop, no tengo problemas con los inmigrantes sin papeles. Creo que debemos acogerlos, darles oportunidades y tratarlos como los iguales que son”, escribió en 2018.

La diferencia de tono entre esa declaración y la de este año se condice con la actual situación que atraviesa el país, con una crisis de seguridad y orden público que se agudizó en el último tiempo de la mano de una crisis migratoria inédita. Y esta problemática es la que Boric decidió abordar con más ahínco este 2023, anunciando una serie de medidas y ejecutando una fuerte militarización en la zona norte.

El mandatario aplicó en febrero una nueva ley denominada Protección a Infraestructura Crítica, que permite al Ejecutivo desplegar militares en zonas específicas con el fin de resguardar establecimientos vitales para el funcionamiento del país. Boric usó esta ley bajo el argumento de que lo que hay que resguardar es la frontera nacional y le entregó el control a las Fuerzas Armadas, con facultades para realizar controles de identidad, registro de equipajes y detenciones fronterizas.

También, prometió reforzar el equipamiento de Carabineros (policía militarizada) en el norte, presentando un plan de mejoramiento de infraestructura y condiciones de habitabilidad para los funcionarios y un plan para modernizar los complejos fronterizos. “El primer anuncio para Colchane es que prontamente tendrán una comisaría policial, aumentando el rango que tiene la subcomisaría actual. Esto implicará mayor dotación de carabineros y la construcción de un nuevo edificio, moderno y adecuado, para atender a la ciudadanía”, dijo.

El presidente recordó también que su Gobierno está impulsando dos proyectos de ley que buscan simplificar y acelerar los procesos de expulsiones administrativas contra migrantes que han cometido delitos o que ingresaron por pasos no habilitados al país. Y este tema en particular, tiene al Ejecutivo un poco entrampado.

LAS VEINTE MIL EXPULSIONES PENDIENTES

Además de las expulsiones que decreta el Poder Judicial contra los extranjeros que cometen delitos en Chile, el Ejecutivo tiene la facultad de desterrar a migrantes con su hoja de antecedentes manchada que reinciden o quienes entraron al país de manera clandestina. Se creía que este método era más rápido que el judicial, pero la ministra del Interior, Carolina Tohá, entregó malas noticias.

“En Chile hay más de 20.000 expulsiones ya decretadas que no se han ejecutado y están pendientes”, transparentó la secretaria de Estado, dando cuenta pública al Congreso Nacional por el tema migratorio y seguridad.

La revelación dejó varias aristas abiertas. La primera es la cantidad de dinero que se invierte para ejecutar las expulsiones, ya que la mayoría se realizan en avión. Según la ministra, cada migrante desterrado le cuesta unos 3.267 dólares al fisco, es decir, se tendrían que invertir 65,3 millones para poder sacar a todos los expulsados, y como bien reconoció Tohá, eso “supera los recursos del presupuesto”.

La ministra explicó que otro de los obstáculos para ejecutar expulsiones es el Gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro. “No da las facilidades para que los decretos de expulsión se puedan ejecutar. Tenemos destierros que llevan meses tratando de realizarse y no hemos logrado coordinar los planes de vuelo para hacerlos”, dijo, refiriéndose al país cuyos ciudadanos son los que más ingresan a Chile por pasos no habilitados.

Muchos de los permisos para que Chile pueda trasladar a ciudadanos venezolanos a su país usando los aviones de la Fuerza Aérea han sido denegados por el país caribeño, lo que ha obligado a la administración de Boric a tener que utilizar vuelos comerciales, que tienen un precio significativamente más caro.

La situación generó una polémica diplomática cuando entró a la discusión pública el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil. “El Gobierno de Venezuela aún no ha recibido solicitud de trabajo coordinado con Gobierno de Chile respecto a supuestas deportaciones de venezolanos.

La coordinación en esta materia ha sido un clamor nuestro, así como la exigencia de respeto a los derechos humanos de nuestros compatriotas”, escribió el canciller en su cuenta de Twitter.

A su vez, Chile también tiene problemas con el Gobierno boliviano, por cuyo territorio ingresan la mayoría de los migrantes. La administración de Boric ha hecho intensos esfuerzos para que su contraparte reciba a las personas que son descubiertas ingresando por pasos clandestinos, como lo hace Perú, por ejemplo. Sin embargo, Bolivia se niega a recibir a los extranjeros si estos no son ciudadanos bolivianos.

“No existe ningún acuerdo, convenio o instrumento bilateral que nos genere una obligación dereconducir a ciudadanos de otros países expulsados de Chile. La reconducción es normativa chilena que no genera ningún tipo de obligación internacional”, señaló en respuesta el viceministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Feddy Mamani.

También hubo críticas del expresidente Evo Morales (2006-2019): “Lamentamos la posición unilateral del hermano presidente de Chile, Gabriel Boric, hacia migrantes que son víctimas de los bloqueos económicos de Estados Unidos contra Venezuela y las políticas de hambre del modelo neoliberal en América Latina. Respeten los derechos humanos”.

El recién asumido canciller chileno Alberto van Klaveren planteó la semana pasada una estrategia. Buscará reunirse con autoridades de Venezuela y Bolivia en el marco de la Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno que se realizará el 24 y 25 de marzo en República Dominicana, y gestionar, cara a cara, acuerdos para avanzar en esta materia. (Sputnik)