El presidente Gabriel Boric anunció su intención de utilizar una facultad administrativa para retirar pensiones de gracia a personas con antecedentes penales, especialmente aquellos vinculados a delitos violentos.
El mandatario explicó que tomará medidas cuando se identifiquen beneficiarios con historial delictivo, incluyendo delitos graves como homicidio, violación, porte de armas o narcotráfico.
Aunque no especificó la cantidad exacta de personas afectadas por esta medida, Boric señaló que, de un grupo de 18 mil receptores de pensiones de gracia, alrededor de 50 tienen registros judiciales de diversos tipos.
Destacó que hasta el momento, los antecedentes penales no eran considerados en la legislación ni en el proceso para evaluar la concesión de este beneficio, y subrayó que esta situación no es exclusiva de su gobierno, sino que ha sido una práctica persistente en administraciones anteriores.
Ante la posibilidad de que las personas afectadas busquen recurso legal para evitar la revocación de las pensiones, el presidente expresó la necesidad de ser “muy cuidadosos” y aseguró que se estudiarán los casos de manera individual. Boric afirmó que ha instruido a sus equipos y ministerios para abordar el tema de manera diligente.
En cuanto a la controversia en torno a la entrega de pensiones de gracia, el presidente manifestó su intención de resolverla “a la brevedad”. Sin embargo, no proporcionó detalles sobre si la revocación incluirá a personas que hayan cometido delitos antes o después de recibir el beneficio fiscal.
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