El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago dictó este lunes la detención del alcalde Daniel Jadue (PC) tras ser formalizado como autor de presuntos delitos consumados de administración desleal, estafa, cohecho y fraude al fisco en la compra y venta de insumos médicos al mando de la Asociación Chilena. de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).
La investigación, iniciada hace tres años por la fiscal Giovanna Herrera, reveló detalles de las acusaciones contra Jadue durante las audiencias de la semana pasada. En su alegato para solicitar prisión preventiva, la fiscal señaló que la Asociación nunca cumplió su objetivo y fue utilizada con multas electorales en 2021.
La jueza Paulina Moya entregó duros argumentos para dejar bajo arresto a Jadue, afirmando que “la libertad de los imputados resulta peligrosa para la sociedad”. Además, destacó que el tribunal no toma en cuenta afiliaciones ni ideologías políticas para tomar su decisión, basándose en el principio de igualdad ante la ley.
Según el relato de la fiscal, Jadue tuvo un manejo abusivo de la Achifarp, incurriendo en al menos tres delitos de fraude al fisco al “engañar” al concejo municipal de Recoleta para que traspasara fondos al organismo. Estos casos incluyen la fabricación de Interferón, la compra de prótesis auditivas y la adquisición de glucómetros.
Se acusa a Jadue de cohecho y estafa en relación con una empresa proveedora de insumos médicos, Best Quality SPA. Según la fiscal, Jadue aprovechó el prestigio de su cargo para aparenter que Achifarp tenía fondos y facultades de las que carecía, dejando una deuda de $1.012 millones con la empresa.
En cuanto a la administración desleal, Jadue y su colaborador, Muñoz Becerra, se otorgaron amplias facultades para manejar las cuentas de la asociación y suscribir contratos. Compraron mercaderías sin requisito de ninguna municipalidad por $1.384 millones, quedando la mayoría de los productos en bodega y sin uso.
La detención de Jadue marca un hito en la lucha contra la corrupción en Chile y pone en evidencia la necesidad de una mayor fiscalización en la gestión de recursos públicos. El caso continuará su curso en los tribunales, mientras la comuna de Recoleta deberá enfrentar un cambio de liderazgo tras la suspensión del alcalde.
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