INDH no presentará querella criminal por delitos de lesa humanidad durante el estallido

El INDH informó, mediante un comunicado, que "el análisis de los antecedentes disponibles a la fecha no permite configurar la concurrencia de un ilícito de tales características".

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.- El Gobierno de Chile entregó este jueves más de 364.000 dólares al Servicio Médico Legal (SML) para realizar peritajes forenses a aquellas personas que fallecieron en el marco de las protestas del estallido social iniciado en octubre de 2019.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile informó que su Consejo decidió no presentar una querella criminal por la eventual comisión de delitos de lesa humanidad durante el estallido social iniciado en octubre de 2019.

El INDH informó, mediante un comunicado, que “el análisis de los antecedentes disponibles a la fecha no permite configurar la concurrencia de un ilícito de tales características”.

“En efecto, la información con la que se cuenta, recabada y analizada por el propio INDH, no supone concluir la existencia de indicios suficientes de que se hubiere promovido o alentado una política estatal activa para generar daños a gran escala en la población”, añade la institución en el documento.

El INDH aclara que, no obstante, se mantiene la política de “persecución penal”, que consiste en perseguir judicialmente la responsabilidad de los agentes del Estado que vulneraron derechos humanos durante el estallido. Al respecto, se han presentado más de 3.000 querellas criminales.

Ante ello, el instituto llamó al Ministerio Público y a los tribunales de justicia a que investiguen y sancionen a los presuntos responsables de violar los derechos humanos.

Denuncia desestimada en la CPI

En abril de 2021, varias organizaciones presentaron ante la Corte Penal Internacional (CPI) una denuncia contra el expresidente chileno Sebastián Piñera por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos durante el estallido social.

No obstante, la CPI desestimó la acusación, al concluir que las situaciones que le han sido comunicadas “carecen del mérito necesario para abrir un examen preliminar de las mismas”.

En diciembre de 2019, dos meses después del inicio del estallido social, la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó un informe en el que registró hasta entonces 26 muertos y centenares de heridos en el marco de las protestas; así como denuncias de torturas, malos tratos, violencia sexual y detenciones arbitrarias masivas en las manifestaciones.

En el documento, esa oficina de la ONU señaló que durante las protestas Carabineros y las Fuerzas Armadas incumplieron normas y estándares internacionales en los operativos contra los manifestantes, usando armas letales.