Santiago, 29 dic (Sputnik).- “Si votaste por Boric en 2021, no entiendo cómo te puede gustar Boric en 2022. Son dos personas diametralmente diferentes. Increíble”, tuiteó el columnista y analista político Kenneth Bunker, aludiendo a los constantes cambios registrados en el relato del presidente de Chile, Gabriel Boric, en comparación con el que tenía cuando era candidato.
“Volvemos a abrir las grandes avenidas por donde transitarán hombres y mujeres libres para construir una mejor sociedad”, afirmó el mandatario en su primer discurso desde el balcón de la sede de Gobierno, el palacio de La Moneda.
Esas palabras de Boric, citando al expresidente Salvador Allende (1970-1973), fueron dichas a sabiendas de que muchos veían en su programa de gobierno una especie de sucesión de lo que fue el régimen de la Unidad Popular comandada por el expresidente socialista, debido a que es el jefe de Estado chileno más a la izquierda en el espectro político desde que Allende se sentó en la silla presidencial. Y esa idea elevó como espuma las expectativas entre el progresismo.
Boric inició su mandato con un 50 por ciento de respaldo ciudadano, según las encuestas del momento. Las multitudes se agolpaban afuera de La Moneda para obtener una “selfie” con el presidente más joven del planeta, quien acostumbró a romper los estrictos protocolos de seguridad para acercarse a saludar a sus adherentes.
Pero esa luna de miel se derritió con el plebiscito constitucional del 4 de septiembre, cuando la opción Apruebo, que respaldaba Boric y su sector, perdió con un 38 por ciento de los votos frente a la opción Rechazo, que obtuvo 62 por ciento.
Este hecho marcó un antes y un después en el mandato de Boric y produjo un desbalance: el oficialismo quedó muy debilitado políticamente y en contraparte, la oposición se fortaleció. Aquello obligó al mandatario a hacer una serie de concesiones con la derecha para negociar reformas y lograr que avancen sus proyectos de ley.
Entre esas concesiones está el cambio en el relato en el discurso del presidente, quien reemplazó algunas de sus temáticas centrales como la “lucha social” o “el combate contra la desigualdad” por la cruzada contra delincuencia, problemática que hoy ocupa gran parte de su agenda y que desplazó a otras iniciativas más ligadas al sector progresista.
“El principal problema que tiene el presidente Gabriel Boric es que se ha quedado sin agenda. Mientras el proceso constituyente está siendo controlado por el Poder Legislativo, las reformas tributarias y de pensiones están en manos del ministro de Hacienda y la delincuencia es una papa caliente de la que nadie se quiere hacer cargo, Boric ha quedado reducido a una caricatura de sí mismo. Se convirtió en una figura que genera más simpatía que respeto”, señaló el académico y cientista político de la universidad Diego Portales Patricio Navia, en una columna de opinión titulada “La peor decepción de 2022”.
El columnista agregó “cuando Boric ganó la segunda vuelta de la elección presidencial en diciembre de 2021 aparecía como una señal inequívoca de recambio en la política chilena. Pero su llegada a la presidencia fue seguida por una caída igualmente apoteósica. A los seis meses de haber asumido el poder, la aplastante victoria del Rechazo en el plebiscito constitucional propinó una derrota de tal magnitud al proyecto refundacional del Gobierno que, a casi cuatro meses de esa votación, el Ejecutivo y el presidente todavía no pueden volver a ponerse de pie”.
LAS PROMESAS INCUMPLIDAS
“Vamos a ser unos perros en la persecución de la delincuencia”, dijo Boric en octubre en entrevista con radio Sol de Antofagasta. La frase, de la que el mandatario se arrepintió posteriormente, fue criticada por su propio sector por dos razones.
La primera: lo acusaron de usar el recurso facilista de oraciones rimbombantes que él mismo le había criticado a su antecesor, el expresidente Sebastián Piñera, cuando este dijo “delincuentes, se les acabó la fiesta”. Y segundo, dejó en evidencia que su foco había cambiado, priorizando la seguridad por sobre las demandas sociales.
Actualmente, el Gobierno trabaja a toda máquina para lograr un acuerdo con la derecha denominado “pacto transversal por la seguridad”, que consiste en una serie de proyectos de ley para combatir con mayores herramientas al narcotráfico y a las organizaciones criminales.
En esta misma línea, una de las primeras promesas no cumplidas de Boric según sus propios adherentes, fue la de no imponer un estado de emergencia constitucional el sur del país. Durante su campaña, el entonces candidato aseguró que la militarización no era una solución viable para detener la violencia rural y los ataques incendiarios en la región de La Araucanía.
“No podemos seguir con las mismas recetas que profundizaron la violencia que hoy se vive en el sur. La solución no es más violencia”, señaló en noviembre de 2021. El 17 de mayo de este año Boric decretó la militarización en la zona, que hasta la fecha sigue poblada de uniformados en las calles.
Otra promesa que los seguidores del presidente consideraron no cumplida fue la ratificación del Tratado Transpacífico TPP11. Como diputado, Boric fue uno de los principales detractores de que Chile se uniera a este pacto internacional, argumentando que le entrega demasiado poder a las grandes empresas transnacionales y a los inversionistas que desean venir a explotar recursos de un país, entre otra decena de críticas.
Durante la tramitación de la ratificación de este tratado en el Congreso en septiembre, izquierdistas, activistas, ambientalistas y ciudadanos comunes le pidieron al mandatario que usara sus facultades presidenciales para detener la tramitación del proyecto. Pero eso no ocurrió y hoy Chile es parte del acuerdo.
“Cuando Boric era parlamentario se opuso a la ratificación y yo esperaba que esa coherencia se iba a mantener. El presidente no debe olvidar que, en parte, él salió electo por el apoyo que le entregamos los grupos ambientalistas, generando un compromiso con la naturaleza que no debe desconocer”, criticó en ese entonces la activista medioambiental y exconvencional constituyente Ivanna Olivares.
El último debate sobre las promesas de Boric lo abrió la semana pasada la senadora Fabiola Campillai, un ícono de la izquierda chilena y de los sectores populares que se manifestaron durante el estallido social de 2019. Campillai resultó mutilada producto de la represión policial y perdió la vista, el olfato y el gusto, lo que la motivó a postular al Congreso buscando representar a las víctimas civiles de ese periodo de protestas.
La senadora recordó que Boric, durante su campaña como candidato, dijo que impulsaría una serie de indultos a manifestantes que fueron apresados por protestar. “En estas fiestas de fin de año, lamentablemente no estamos todos. Nos faltan nuestros presos políticos del estallido social, los cuales salieron a luchar a nuestras calles por todos nuestros derechos sociales y lamentablemente fueron criminalizados. Hago el llamado al Gobierno a conceder indultos particulares y retirar las querellas que existan”, dijo Campillai a través de un video en sus redes sociales.
Muchos aseguran que Boric no cuenta con el crédito político suficiente para contener las críticas que le lloverán desde la oposición si es que comienza a indultar a los presos de la revuelta, lo que sería una de las razones de la demora en este tema. Pero la presión le respira en la nuca. “Me encargaré de que el Gobierno no pierda el enfoque en materia de derechos humanos”, afirmó a los medios Campillai, la senadora más votada a nivel nacional en las pasadas elecciones.
Según la última encuesta de la empresa privada Cadem, un 30 por ciento de la ciudadanía respalda la gestión de Gabriel Boric y un 66 por ciento la desaprueba. Sus mejores atributos, de acuerdo a los encuestados, son: el carisma, la cercanía, conocer las necesidades de la gente y ser dialogante para llegar a acuerdos. Sus debilidades: autoridad, liderazgo, gestión de crisis y cumplir con lo que promete. (Sputnik)
