Marco Enríquez-Ominami “No tengo nada que esconder”

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En diálogo con Radio San Joaquín el líder del Pro afirmo no tener ningún vínculo con la cuestionada empresa SQM

“Ninguna boleta, ninguna factura ni el Partido Progresista, ni Fundación Progresa”: añadiendo que le pidió a sus asesores que manifestaran si algunos de ellos había trabajado para alguna empresa, expresando que el ex secretario general del Pro, reconoció haberse desempeñado  para Soquimich, ante lo cual el optó por publicarlo en su cuenta de Facebook, transparentando la situación, replicando que el ex secretario del Pro no se encuentra ni procesado, ni acusado ni nada, “Es mi deber, si fui candidato presidencial, reunirme con todo el mundo”, agregó en relación a su reunión con Contesse ex ejecutivo de SQM, así como se ha reunido con diferentes actores sociales.

Sobre cómo recuperar las confianzas con el sistema político, que se ha visto vulnerada por los hechos de corrupción Enríquez sostuvo que la asamblea constituyente debe ser el método, en consecuencia el camino para salir del pantano de la desconfianza, además sobre el vínculo del Ministro del interior con las boletas al operador político Martelli vinculado a SQM, Enríquez lo estimo como muy grave.

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El ex candidato valoro el sentido de los anuncios de la presidenta sobre probidad parlamentaria, Enríquez evito referirse al supuesto acuerdo entre el duopolio, afirmando que sería irresponsable hacerse cargo de rumores, señalando que cuando exista un texto se pronunciaría.

Consultado por si confía en el liderazgo de la presidenta para sortear la situación el líder político afirmo que si confía y que los interesados en debilitar a la presidenta solo buscan retroceder las reformas programáticas señalando que a los conservadores les conviene esta crisis ya que nadie en su sano juicio justifica a las AFP, que entregan pensiones miserables en promedio $192.000 aunque muchos adultos mayores perciben pensiones de $70.000.-

Sobre cómo piensa en que se debe financiar las próximas campañas manifestó que las encuestas señalan que la ciudadanía no quiere financiamiento público, pero tampoco privado, recordando que el 2009 propuso prohibir el aporte de las empresas a las campañas políticas.