Servicio Jesuita a Migrantes denuncia drama por controles militares

En su criterio, las autoridades chilenas y bolivianas abordan la cuestión de la migración desde el cuidado de las fronteras y no de los derechos humanos.

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Captura TVN: Imagen de contexto

Santa Cruz (Bolivia), 9 mar (Sputnik).- Migrantes venezolanos, colombianos y haitianos, principalmente, viven un drama en la frontera entre Bolivia y Chile por los controles militares y las dificultades que deben enfrentar en su viaje, en busca de mejores días en las ciudades chilenas.

“Con la situación crítica en Perú, y la militarización de los puestos fronterizos en Chile, lo que hemos visto en nuestro monitoreo es que los inmigrantes van buscando otros pasos por los cuales puedan seguir ingresando a Chile. Entonces, esto ocasiona mayor vulnerabilidad, porque son pasos no autorizados, tienen que cruzar por desiertos, sufrir el frío y la falta de agua y alimentos”, explicó el director de la Fundación Servicio Jesuita a Migrantes, Freddy Quilo de Bolivia, en entrevista con la agencia Sputnik.

Chile inició el 27 de febrero un despliegue militar en las fronteras con Bolivia y Perú con el objetivo de disminuir y controlar el flujo migratorio irregular por 90 días.

“Los riesgos que deben correr los migrantes debido a esta situación en las fronteras es que está causando una crisis humanitaria. Esto es lo que vemos en algunas poblaciones bolivianas cerca de la frontera con Chile, como es Pisiga-Bolívar y Sabaya y otras pequeñas poblaciones, donde no son más de 1.000 habitantes. Obviamente, son rebasados por la cantidad de inmigrantes que están llegando”, relató.

En su criterio, las autoridades chilenas y bolivianas abordan la cuestión de la migración desde el cuidado de las fronteras y no de los derechos humanos.

“Tanto nuestras autoridades como en otros países, el enfoque siempre es desde el cuidado de las fronteras y no de los derechos humanos. Para las autoridades el paso debe ser de manera regular, pero no cuenta el derecho humano de trasladarse de un lugar a otro. La ley puede más que la mirada humanitaria”, lamentó.

La orden religiosa Compañía de Jesús de la Iglesia Católica, a la que pertenece el Servicio Jesuita de Migrantes, tiene una red de acompañamiento y releva información de cómo está el flujo migratorio en los diferentes países para prever la ayuda.

Tienen alcance mundial con oficinas en los diferentes continentes y en Bolivia tienen tres centros de atención en la ruta migratoria empleada por los viajeros por el Altiplano, en las ciudades de La Paz, Oruro, (ambos en el oeste), y Potosí (suroeste).

Consultado sobre cómo ven el fenómeno de la inmigración en Latinoamérica, respondió: “A nivel continental, la migración, de un tiempo a esta parte, la hemos calificado de una migración circular o trashumante, porque los inmigrantes no pudieron establecerse en un país por diferentes situaciones. La situación económica de nuestro continente no está dando como para que los migrantes puedan establecerse en un país”.

Ante esta situación, ve con preocupación que los migrantes son una población desanimada, que poco a poco pierde el sentido de la vida, que pueden estar en los límites de la delincuencia por la necesidad de alimentarse y esta situación no está siendo comprendida por la población local ni los gobiernos.

BOLIVIA, PUENTE A CHILE

Desde el año 2019, Bolivia se convirtió en un país de paso de los migrantes venezolanos, colombianos y haitianos, que buscan mejores días en Chile.

Los viajeros ingresan al país desde Perú para luego intentar cruzar la frontera hacia Chile, pero para ello deben realizar paradas obligatorias en los municipios fronterizos bolivianos de Sabaya y Pisiga-Bolívar, en el departamento de Oruro, por los fuertes controles migratorios chilenos.

El alcalde de Sabaya, Sandro Flores, relató vía teléfono a la Agencia Sputnik, que la migración es un problema para los bolivianos de esa región del país, por la aglomeración de hasta 4.000 viajeros en la pequeña población, que no cuenta ni con agua potable para sus cerca de 500 habitantes.

“Lo que necesitamos es apoyo, que nuestros parlamentarios no solo vengan a visitarnos y ver la problemática, sino soluciones. Prácticamente en la comunidad Pisiga-Bolívar, que es fronterizo con Chile, carecemos de agua potable y alcantarillado, infraestructura y centros de salud, porque la provincia de Sabaya comprende 40 comunidades, entonces es un municipio muy grande para atender sus necesidades con el presupuesto que tenemos”, explicó.

La autoridad local considera que Sabaya debería tener una atención prioritaria del Gobierno boliviano por ser fronterizo, ya que tiene necesidades muy particularidades por la migración, el contrabando y el comercio exterior.

“Prácticamente no había inmigrantes, esto empezó desde la pandemia de la Covid-19. La inmigración de haitianos, colombianos y venezolanos empezó en la pandemia. Ahora está más riguroso el ingreso a Chile. Antes no había migración y ahora es más intenso”, explicó sobre la situación en la población fronteriza.

Consultado si amerita aumentar la presencia del Estado en esa región en vista del aumento de la inmigración desde la pandemia, respondió: “Exacto. Es prácticamente Pisiga-Bolívar el ingreso de la importación y exportación desde Chile, es el paso al océano Pacífico. Entonces, amerita la verdad mayor presencia del Estado, hacemos un llamamiento a que nos apoye el Gobierno central, la Cancillería”.

Hasta este paraje de Bolivia también llegaron funcionarios de Unicef y la Organización Mundial de Migraciones (OIM) para coadyuvar a las autoridades locales en la atención a los viajeros con servicios de salud, albergues, acceso al agua potable y servicios de higiene como baños y duchas públicas, al menos, para hacer más llevadero el viaje de los migrantes.  (Sputnik)