SANTIAGO (Sputnik) — En 2018, se desató una de las peores crisis al interior de la iglesia católica chilena en el marco de los casos de abuso sexual a menores de edad por parte de sacerdotes, situación que el papa Francisco definió como “cultura del abuso”.
“La cultura del abuso y del encubrimiento es incompatible con el Evangelio”, señaló Francisco en mayo a través de un documento eclesiástico.
El 15 de enero, el líder de la iglesia católica aterrizó en Santiago de Chile para iniciar una gira de cinco días por distintas ciudades de ese país con el objetivo de hacer frente a las múltiples denuncias de abuso sexual que estaban minando de a poco la confianza ciudadana en la institución.
Al llegar, emitió un discurso público en Santiago donde expresó directamente su “dolor y vergüenza por el daño irreparable que han causado ministros de la Iglesia a los niños”, y repitió estas mismas palabras en las ciudades de Temuco (sur) e Iquique (norte).
Sin embargo, el objetivo del Papa estuvo lejos de cumplirse por dos motivos: primero, que la asistencia de los chilenos a sus discursos fue inesperadamente baja, y segundo, la férrea defensa que hizo del obispo Juan Barros.
En el momento que el Papa llegó a Chile, Barros estaba siendo acusado por múltiples víctimas de abusos de haber encubierto algunos ataques, y le solicitaron al Vaticano que el obispo no fuera incluido en las actividades que el líder de la iglesia realizaría en Chile.
Pero el Papa decidió no tomar en cuenta las denuncias e incluyó a Barros en todas sus actividades, e incluso dio unas declaraciones espontáneas a un medio de comunicación local señalando que las víctimas de abusos estaban “diciendo solo calumnias”.
“El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar”, dijo.
Estas palabras se tomaron la agenda de los medios locales y opacaron todo lo que Bergoglio hizo en Chile.
Debido a las múltiples críticas que se generaron, el Papa debió pedir disculpas y afirmó que había sido “mal informado” de la situación en el país sudamericano.
Investigación
Un mes después de su caótico viaje a Chile, Bergoglio decidió enviar a Santiago al arzobispo de Malta, Charles Scicluna y al oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Jordi Bertomeu, para investigar el verdadero alcance de los abusos sexuales y de los encubrimientos por parte de sacerdotes contra menores de edad.
Scicluna y Bertomeu entrevistaron a 64 personas, entre víctimas, sacerdotes y testigos, y escribieron un informe de 2.300 folios que fue entregado al Vaticano.
Los detalles de este documento cambiaron radicalmente la postura del papa Francisco, quien tomó cartas en el asunto y decidió citar al Vaticano a los 33 obispos chilenos, es decir, a la Conferencia Episcopal completa.
Tras la reunión, celebrada en el mes de mayo, se filtró la minuta que Francisco entregó reservadamente a cada obispo, generando una nueva polémica en el país sudamericano debido a las fuertes declaraciones que contenía aquel documento.
En el texto, el Papa declaró sentir “vergüenza por los encubrimientos, por los documentos destruidos y por las faltas de respeto a los procedimientos canónicos”.
Francisco señaló que mucho de los sacerdotes abusadores eran detectados durante su proceso de formación en los seminarios, que muchos de los curas abusadores eran trasladados a otras diócesis en vez de ser castigados, y lo más importante: obligó a la iglesia chilena a denunciar cualquier acto de abuso a la justicia civil, siendo que antes, eso siempre se gestionaba con investigaciones al interior de la misma iglesia.
Acciones inéditas
Luego de la reunión entre obispos chilenos y el Papa, se registraron una serie de acciones inéditas en Chile.
Diez obispos, incluido Barros, renunciaron a su cargo; el cardenal Francisco Errázuriz fue expulsado del Consejo de Cardenales C-9; el cardenal Ricardo Ezzati declaró como imputado por encubrimiento de abuso sexual en un tribunal civil, siendo esta la primera vez en la historia de ese país que una autoridad tan alta de la iglesia es requerida por la justicia.
Además, la Fiscalía chilena tomó un rol fundamental en las investigaciones: por primera vez en la historia se allanaron dependencias de la iglesia en búsqueda de documentos y pruebas; los fiscales, junto a la Policía de Investigaciones, ya han allanado la Conferencia Episcopal, el Arzobispado de Santiago, el Obispado Castrense y el Tribunal Eclesiástico, entre otros edificios.
Actualmente la Fiscalía investiga 144 casos de abuso sexual en la iglesia, y 158 sacerdotes y otras personas vinculadas a esta institución han sido imputados por delitos sexuales a menores de edad.
